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Contratos Digitales con Firma Electrónica

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No más papeleo ni seguimiento a las diferentes versiones de un contrato. No más citas para firmar.

Bienvenido al futuro! Los contratos digitales con firma electrónica no son solo una realidad sino también jurídicamente vinculantes. En Colombia, el Decreto 2364 de 2012, que reglamentación del artículo 7 de la ley 527 de 1999 ha otorgando plena validez jurídica y probatoria a la firma electrónica.

La Ley 527 establece que en los casos en que cualquier norma colombiana requiera que la información conste por escrito, este requisito quedara satisfecho con un mensaje de datos, es decir toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Por lo tanto, en los casos en que se requiera que un documento conste por escrito éste tendrá plena validez jurídica y probatoria si es transmitido por medio de un mensaje de datos.

Sin embargo, en algunos casos no solo bastará que el documento se encuentre soportado en un mensaje de datos, sino que será obligatorio que dicho documento se encuentre firmado, como se trata de un contrato de arriendo. Para cumplir con esto, la ley establece que ésta obligación quedará resuelta en los mensajes de datos con la utilización de cualquier tipo de firma electrónica que garantice la autenticidad, integridad y disponibilidad.

Un poco más sobre la firma electrónica

Se define como firma electrónica a los métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma. Esto quiere decir que no cualquier tipo de firma electrónica será válida jurídica y probatoriamente al momento de firmar un documento electrónico ya que será necesario que el mecanismo o la herramienta tecnológica utilizada sea apropiada y confiable conforme al propósito para el cual se quiera utilizar.

En Colombia, la firma electrónica ha sido reconocida dentro del marco jurídico nacional mediante el Decreto 2364 de 2012 el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 sobre el equivalente funcional de firma, otorgándole mediante este Decreto plena validez jurídica y probatoria a la firma electrónica.

Conforme a lo establecido en este artículo, se concluye que no solo la firma digital, emitida por entidades de certificación, sino cualquier firma electrónica que se utilice para firmar cualquier documento electrónico, le proporcionará validez y efectos jurídicos de la misma manera que una firma manuscrita lo hace.